ACEP Carabobo desarrollará programa de formación en
Derechos Humanos
Con
el fin de generar liderazgo ciudadano, la organización con fines políticos
Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) se dispone a generar una alternativa para
prevenir y hacer cesar la continua y sistemática violación de derechos humanos,
por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Así
lo dio a conocer Ronald Almeida, responsable regional de Derechos Humanos de
ACEP Carabobo, quien se pronunció sobre las múltiples denuncias de violación de
derechos humanos en Venezuela y particularmente en la entidad que representa,
advirtiendo además que “la materia penal y la desviación policial se han
convertido en una especie de pandemia que suprime los derechos y garantías de
los ciudadanos”.
El
vocero de ACEP, precisó que en Venezuela se registra la práctica de tratos
crueles, inhumanos y degradantes, torturas, violación de domicilio, privación
ilegítima de libertad, allanamientos sin orden judicial y las llamadas “siembras
de evidencias”, que convierten a cualquier ciudadano inocente en víctima de
extorsión sino paga por su libertad; o es imputado con un caso forjado por
autoridades policiales sin actuación previa del Ministerio Público ni el
control judicial que impone nuestra Carta Magna.
“El
tema es complejo, ya que además de los casos emblemáticos de presos políticos,
el ciudadano común está indefenso ante un Estado fallido que convierte en
mecanismo sistemático el uso del aparato represivo y del sistema de justicia
penal para que todos los ciudadanos seamos presuntamente culpables si así lo
decide un funcionario policial”.
Por
otro lado, Almeida indicó que el Ministerio Público se ha convertido en un mera
caja de resonancia de la actuación policial, ya que existen “imputaciones
automáticas” que sólo transcriben actas policiales, atentando contra los
principios de imparcialidad, de actor de buena fe y de garantes de la
constitucionalidad que debe cumplir todo funcionario que ejerce la acción penal
en nombre del Estado venezolano.
Señaló
el vocero regional del partido de los ciudadanos que “el derecho es razón,
es una actividad humana falible que debe buscar certeza desde que se investiga
un hecho punible. Esa exigencia de racionalidad y de certeza científica para
hallar la verdad debe ser procurada en todas las fases de un proceso penal por
los diferentes actores. Tanto el funcionario que ejerce la acción penal, el
abogado defensor y el propio juez como director y garante del proceso penal
deben procurar la verdad y no limitar principios constitucionales como el
debido proceso, la presunción de inocencia y la afirmación de libertad por
razones técnicas surgidas de la práctica forense”, explicó.
Por
otro lado, a las actas policiales se les atribuye la condición de documento con
fuerza de fe pública, cuestión que muchas veces es colocada por encima de
derechos y garantías superiores de los ciudadanos, convirtiendo un acta
policial en un arma para la extorsión de ciudadanos inocentes.
Almeida
hizo un llamado a los ciudadanos a construir una red de defensores de derechos
humanos especializados en materia penal y a denunciar las continuas violaciones
de derechos fundamentales para que los responsables sean castigados.
Para
atender esta problemática se requiere del control ciudadano sobre la actuación
policial y la convergencia de profesionales del derecho especializados en
materia penal dispuestos a denunciar el anormal funcionamiento de las
instituciones fiscales y jurisdiccionales. Para ello, Almeida puso a
disposición el correo electrónico proderechosvzla@gmail.com para quienes estén interesados
en formar parte de la Red de Defensores especializados en materia penal y para
profesionales del derecho que deseen formar parte de este esfuerzo que busca
corregir los excesos que, en nombre del derecho penal, realizan funcionarios
sin ética profesional.

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