#Opinión:
Columna del
General Humberto Seijas Pittaluga @seijaspitt
Y todo
por una llamada…
Bien dice el adagio cuando
explica que “a pequeñas causas, grandes efectos”. Todo este estado de cosas que tiene de cabeza
al país pudo haberse evitado si el régimen en el 2015, hubiese aceptado aunque
fuese a regañadientes que había perdido la mayoría absoluta en las elecciones
parlamentarias. ¡Pero no! Ellos son vivísimos. Por eso buscaron la manera de evitar que la
oposición ejerciera las acciones para las cuales estaba facultada de acuerdo a
“la mejor Constitución de mundo”, e inventaron la fulana llamada que apareció
grabada en manos de un juez. Una
intercepción de una comunicación que a todas luces configura lo que en buen
derecho se denomina “el fruto del árbol prohibido” porque, primero, fue
realizada en contra de la garantía que establece el Art. 48 de la carta magna
vigente: “Se garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones
privadas en todas sus formas…”; y, segundo, porque en la susodicha comunicación
no se determina certeramente quienes son las personas que conversan; no se
puede evidenciar la responsabilidad por el supuesto hecho, no se pudiera haber
imputado a nadie.
A un juez sensato no le
quedaba sino descartar la denuncia.
Pero, no. No solo aceptó iniciar
un proceso sino que lo resolvió y lo elevó a las más altas instancias en tiempo
récord. Al ratico, los magistrados del
Tribunal de la Suprema Injusticia —fieles ejecutores de las órdenes que reciben
desde el palacio de Ciliaflores— declaraban nulas las diputaciones de tres
representantes de Amazonas y con ello, al acabar con la mayoría de dos tercios
de la alternativa democrática por sobre la bancada oficialista, se lograba
eliminar la posibilidad de aquella de poder pasar leyes orgánicas y
habilitantes.
Eso fue el comienzo del fin
de la autonomía de poderes. Al intentar
la Asamblea Nacional seguir con sus funciones normales, los en mala hora
togados se sacaron de sus respectivas mangas la figura del desacato ¡para
aplicársela a todo un poder del Estado!
Repitámoslo una vez más. El
desacato es una figura del derecho penal, no del constitucional, y que puede
ser atribuido a las personas naturales, no a las jurídicas (mucho menos a una
institución), y siempre por decisiones judiciales, no por el ejercicio de una
competencia.
Ya han pasado más de tres
años de esa malhadada decisión que mantiene a todo un estado de la república
sin representación parlamentaria. Y los
en mala hora magistrados (muchos de ellos sin llenar las condiciones para serlo),
que se han demostrado tan diligentes en evacuar solicitudes del Ejecutivo en
contra del Legislativo, no han avanzado ni un ápice para solucionar esta
irregularidad normativa. De ahí en
adelante, sentencias van y sentencias vienen intentando anular al
parlamento. Y concediendo la razón al
régimen en cuanta cosa atrabiliaria se le ocurra. Así, al vaciar de funciones a la asamblea,
les resulta muy fácil desmandar, decidir a la machimberra: nadie hay que
controle la legalidad de los gastos en los que se incurre, que apruebe o
impruebe los presupuestos nacionales, los créditos adicionales, los contratos
de interés nacional, que legisle para el bien de la nación. Y, no conformes con eso, ponen presos con
cualquier excusa baladí, y contrariando una vez más la letra y el espíritu
constitucionales, a los diputados que se atreven a denunciar las tropelías
oficiales.
Pero a la voracidad
oficialista no le bastaba con eso; debían aspirar más. En la bajada hacia la depravación legal,
inventaron una constituyente sin consultarle al soberano si la quería, o creía
que era necesaria. Total, qué les
importaba lo que pensara el pueblo que de bocas para afuera dicen amar
tanto. En esa consulta, ilegal, írrita,
se eliminó eso de “un ciudadano, un voto”.
Si un venezolano era al mismo tiempo indígena y empresario, podía emitir
tres votos. De ese bodoque apareció una
cuerda de ganapanes rojos que nadie eligió.
A los incautos que fueron a votar no se les dio a escoger el quién, solo
el lugar de la lista en el cual creían que deberían ir. Supuestamente, a esos mandaderos se les dio
la potestad de hacer una Constitución. Y
han hecho de todo menos eso. Decidieron
que ellos están por encima de la carta de 1999 y que pueden anular cualquier
disposición de esta por tiquismiquis; que pueden eternizarse en la tarea, que
no tienen límites temporales de su permanencia en los cargos.
Esa misma gentecita fue la
que decidió que en mayo pasado, siete meses antes de las fechas decembrinas que
son las usuales para las elecciones, hubiese unos comicios para elegir
presidente. Y cuando antes escribí
“decidió” es solo por una manera de decir.
La verdad verdadera es que ellos son muchachos de mandado, solo hacen lo
que les mandan desde las alturas ciliaflorinas.
Donde, a su vez, solo actúan por mandato de los colonizadores cubiches.
Como yo la veo, la reciente
coronación —a la cual asistieron, además de los compinches y chulos de siempre:
el cocalero del Evo y el estuprador de Ortega, más el valido de Raúl y el
presidente de Odesia del Sur, ¡por amor de Dios!— es ilegal a todas luces. Y por tanto, los actos que se desprendan de
ella son nulos e ineficaces. Desde el
pasado diez, no hay un presidente constitucional en Venezuela. Hay alguien sentado en la silla presidencial,
alguien que seguirá zampando a Venezuela en el zanjón de la pobreza, de la
incuria. No hará nada distinto a lo que
hizo en los pasados seis años. Y eso no
augura sino más ruina para los ciudadanos y más cochino enriquecimiento para la
nomenklatura…
hacheseijaspe@gmail.com
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