Columna del General Seijas Pittaluga
Actitudes
que retratan al régimen
No
importa como lo denominemos —dictadura, tiranía, democradura, o lo que sea— la
verdad es que este régimen es cualquier cosa menos una democracia. Es algo en lo cual la cabeza visible (pero
muy poco pensante) del gobierno diariamente se pasa por la bragueta la
Constitución vigente, esa que alguna vez dijeron que era “la mejor del
mundo”. Y nadie de estatura reclama. Empezando por quienes conforman los otros
poderes, supuestamente coiguales con el Ejecutivo, que agachan perrunamente la
testuz y convalidan, justifican y cohonestan todas las barrabasadas que
inventen los extranjeros que comandan al ilegítimo. El bárbaro sabanetense, en su afán de ser
distintos a los demás, decidió enmendarle la plana a Kelsen e inventó dos
poderes más, el ciudadano y el electoral, que iban a complementar los clásicos,
los que tienen todos los demás estados del orbe: judicial, legislativo y
ejecutivo. Siendo así, y aplicando una
matemática elemental, se supone que en Venezuela los checks & balances deben ser por lo menos un cuarenta por ciento
mejores que en otros países. Pero no
son. Porque son compañeritos de partido
y de ruta del nortesantandereano, porque tienen miedo de desatar la furia de
este si se atreven a contradecirlo, o simplemente porque han sido
comprados. Mientras más contra legem sea lo que dice y ordena
Nikolai, más silentes se quedan. Pongo
algunos ejemplos.
El
primero, aunque puede que no sea el más importante, es la degradación decretada
en contra de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas. Para los legos en justicia militar
(minúsculas es profeso), explico: esta es una pena que está tipificada en el
código correspondiente. Pero a) es una
pena accesoria, que puede o no ser añadida a otra que es la principal; y, b)
solo puede ser impuesta luego de que la sentencia principal quede firme y como
consecuencia de ésta. Entonces,
requisitos previos deben ser que haya terminado un juicio mediante veredicto y
sentencia, y que estos hayan quedado firmes, sin apelación posible. Y, estando en un Estado de Derecho (según
tipifica la Constitución), los juicios y las sentencias son prerrogativa de un
solo poder: El Judicial. Entonces, ¿a
cuenta de qué decide el hijo putativo de Boves II decretarla? ¿Quiénes fueron las lumbreras del derecho que
lo asesoraron? ¿Por qué, a estas horas,
luego del notorio escándalo que originó la medida, ni el Judicial, ni el
Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo, han dicho nada? ¿Y el MinPoPoDef, por qué no se ha
solidarizado con sus compañeros de armas tan vapuleados? Sencillamente, porque regresamos a la jungla,
a la ley del más fuerte…
Otro
ejemplo es la manera irreflexiva y sin control de nadie como se manejan los
dineros públicos. El ilegítimo ha
dispuesto veintiún aumentos de sueldo en solo cuatro años. Cree que con eso va a adquirir votos,
aprecio, reconocimiento del pueblo. La
verdad es que ya el “pueblo” entendió que cada aumento no es sino en números,
no en capacidad de compra. Por eso, lo
que le devuelve al “munificente” son mentadas de madre. De hecho, siendo que cada vez hay menos
personas contribuyendo vía Seniat —porque hay menos puestos de trabajo y porque
el umbral impositivo va como los sueltos: en el ascensor— hay menos dinero real
en caja para pagar sueldos y salarios.
Aunque eso no es motivo de preocupación para el irresponsable: decide
ordenarle al BCV que le meta más velocidad a la máquina de hacer billetes. Cosa que este no hace, no porque haya
entendido lo que le pauta el Art. 318 acerca de su independencia de actuación,
sino porque no tiene cómo pagar de contado y en divisas las toneladas de
billetes requeridos (en la escena internacional, nadie le fía a
Venezuela). A defendernos con la banca
electrónica, por la cual fluyen billones (con “b”) que no existen en la
realidad. Precariedad en todos los
órdenes, contrariando la letra y el espíritu del Art. 299 constitucional. Naturalmente: no estamos en democracia.
Y
ya para lo último, el meollo, lo más importante: ese de tener elecciones a la
carta. No las convocan en los plazos que
exige la Norma, ni dicha convocatoria la hace quien tiene el poder para ello,
el CNE, sino la ANC, un organismo malparido porque no fue decidido por los
venezolanos, e incompetente porque no tiene competencia en materia
electoral. Aunque ellos dicen que sí;
que están por encima de la Constitución porque ya sacaron un dizque decreto en
el cual disponen que “la Constitución de 1999 solo seguirá en vigencia, en todo
aquello en lo que la Asamblea Constituyente no disponga lo contrario”. ¡Hay qué ver!
No
conformes con eso —y al ver que la gran mayoría no iba a aparecer por los
centros de votación— a petición del capitán Hallaca, a las presidenciales
convocadas ilegalmente, les añadieron —cosa de la cual se hicieron los locos
cuando tocaba anunciarlas— las de diputados regionales y concejales. Buscaban engolosinar a los partidos remisos
(pero no mucho) a convalidar con sus tarjetas las votaciones. Porque en los consejos legislativos y en los
concejos hay mucha gente de ellos que tiene sueldos todavía…
En
fin, que esas fraudulentas elecciones —donde una ínfima minoría acudirá a
sufragar, que no a elegir porque ya eso lo decidieron las cuatro arpías— no
serán sino una aseveración más de que Venezuela gime bajo algo que es cualquier
cosa, pero a la cual la palabra “democracia” le queda grande. O sea, igual que lo que le sucede al tipo
aquel con la presidencia…
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