El concepto bolivariano de la
justicia
Humberto Seijas Pittaluga
Primero que todo, una aclaratoria: el título
está referido a Bolívar y su alta percepción de cómo debe ser entendido el
ejercicio de la juricidad; no a ese travestismo que desde hace dieciséis largos
años ha estado arropándose con ese atributo, pero haciendo todo lo contrario a
lo que predicaba el Libertador. Son, sin
lugar dudas, más bolivistas que bolivarianos.
Hecha la aclaratoria, entremos en materia.
La mayor desgracia que ha ocurrido durante
estos primeros años del siglo XXI en Venezuela —aparte de haber escogido dos
ignorantes, sectarios, vengativos, que no supieron escoger sus ministros— es
tener un Poder Judicial en el cual la mayoría de los jueces desconoce el
derecho, cuida mucho su chamba, es venal y no se atreve a dictar sentencia sin
haber recibido una orden o una aquiescencia del Ejecutivo. Y, para más desgracia, los pocos que saben de
derecho no lo ponen al servicio de la Ley, ni de la justicia, sino que se
afincan en contra del débil jurídico.
Eso sí, siempre que este sea un miembro de la oposición. Porque si es un copartidario de ellos, no hay
sentencia condenatoria y, cuando mucho, les dirán en alta voz: “no lo vuelvas a
hacer”. Y luego, sotto voce agregan “a menos que me lleves de socio”.
Para esos jueces, casi todos sin tener la titularidad
del cargo —otro instrumento para tenerlos sometidos— reseño algunas de las
ocasiones en las que don Simón expresó el alto concepto que tenía de la
justicia. Hago reconocimiento expreso a
don Miguel Hurtado Leña, uno de mis lectores, por haberme hecho llegar un
escrito suyo en el cual abundan las explicaciones de como los “pensamientos de
El Libertador, —en su mayoría convicciones cívicas y éticas— ponen en evidencia
las contradicciones que existen entre el auténtico ideario bolivariano y la manera
de gobernar, de hablar y de actuar” de los mangantes de ahora, quienes parecen
“cada día más— todo lo contrario de lo que pensaba Bolívar (…) cuya
preocupación constante fue “por la correcta administración de la justicia como
el instrumento básico para preservar la libertad del individuo y la única
garantía de los derechos ciudadanos consagrados en la constitución y en las
leyes”. Muchas de las citas que emplearé
fueron sugeridas por el señor Hurtado.
Fue en un discurso pronunciado en Bogotá, en
1815, en ocasión de la incorporación de Cundinamarca a las Provincia Unidas,
que Bolívar propuso como prioridad: “…el establecimiento de tribunales
supremos, que (…) sometiéndose ciegamente a ellas en la distribución de la
justicia, aseguren el honor, la vida y la fortuna de los ciudadanos. (…) La
justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la
libertad y la igualdad”. Luego, en 1817,
siendo fiel a esta idea, en Angostura instauró una Alta Corte de Justicia
porque estaba convencido de que esta era “la primera necesidad de la
república,” ya que, a través de ella:
“…quedarán a cubierto los derechos de todos, y
las propiedades, la inocencia y los méritos de los ciudadanos no serán hollados
por la arbitrariedad de ningún jefe militar o civil, y ni aún del jefe
supremo. El poder judiciario de la Alta
Corte de Justicia goza de toda la independencia que le concede la Constitución
Federal de la República de Venezuela”.
Estoy seguro que ninguno de los jueces del horror, comenzando por la reina
del Botox y terminando con la candidata a cónsul en Chile —cuyo nombramiento
(si tuviésemos un gobierno serio y lo hubiese interiorizado) debiera ser
abortado lo más pronto posible— no hubiese tanto preso inocente por expresar su
pensamiento.
Después, en su discurso en Angostura Bolívar
propuso: “Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad y la
independencia de los jueces; por el establecimiento de jurados; de Códigos
civiles y criminales (…) dictados por la voz de la naturaleza, por el grito de
la Justicia y por el genio de la Sabiduría”.
Eso tampoco lo acatan ni los magistrados ni los legisladores. Quienes parecieran que están ahí solo para
aprobar más y más créditos adicionales al gobierno. Porque la función contralora está ausente del
Palacio Federal; y la de elaborar leyes se la regalaron tanto al pitecántropo
barinés como al ilegítimo ensañado con sus paisanos de allende el río
Táchira. De ocuparse de lo que en verdad
les compete, en el Código Penal vigente no hubiese tantos artículos que
penalizan los derechos de opinión y de manifestación. Somos, para vergüenza nacional, uno de los
pocos países en el mundo que todavía mantiene tal tipología delictual. Todo, para complacer al manganzón de turno en
Miraflores. Con toda razón, don Miguel
nos hace recordar que, alguna vez, la Fosforito exclamó: “somos la mayoría y,
por lo tanto, podemos hacer lo que nos dé la gana”. Me imagino que en ese momento, su diploma de
abogada se cayó del clavito en la pared y se hizo añicos…
Cito a Hurtado nuevamente: “Era tal la
convicción de Bolívar del respeto que se debía tener por la independencia de
los jueces que, aún en los asuntos personales suyos, practicó y dejó sentado
este principio (…) Cuando su hermana María Antonia, en 1825, lo instó a que escribiese
desde su alto sitial al juez que seguía la causa en un pleito que la familia
Bolívar sostenía (…) Bolívar le respondió desde Lima: ‘Yo no escribiré a ningún
juez (…) por más que tú te empeñes. No
quiero exceder los límites de mis derechos, que, por lo mismo que mi situación
es elevada, aquellos son más estrechos.
La suerte me ha colocado en el ápice del poder; pero no quiero tener
otros derechos que los del más simple ciudadano. Que se haga justicia y que esta se imparta si
la tengo. Si no la tengo, recibiré tranquilo el fallo de los tribunales’”. ¡Guaaao!
¿Qué pensarán de esto tantos jerarcas del régimen que llaman a a jueces
para favorecer a un pariente o a un copartidario? Recientemente, han aparecido altos
funcionarios con matutes de productos de primera necesidad, acaparados para
enviarlos al “vecino país”. Uno de ellos
se hizo famoso por retratarse con dos machetes en las manos para “defender la
revolución”. ¡Ja! Más cerca aún en el tiempo supimos de un
malandro que utilizó la camioneta oficial de su mamá para robar, junto con
otros compinches, una casa de familia.
Nos gustaría sobremanera poder leer en las noticias las sentencias que
les sean impuestas. Pero lo pongo en
duda; son copartidarios del PUS.
Remato con otra afortunada concepción de don
Simón: “De ordinario el Ejecutivo no es más que el depositario de la cosa
pública (…) El Poder Judicial contiene la medida del bien y del mal de los
ciudadanos; y si hay libertad, si hay justicia en la República, son
distribuidas por este poder. Poco importa a veces la organización política, con
tal que la civil sea perfecta; que las leyes se cumplan religiosamente y se
tengan por inexorables como el destino.”
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