Columna
del General Seijas Pittaluga
Incentivos
perversos
En
lenguaje corporativo, se conoce como “incentivos perversos” aquellos que les
son concedidos a los empleados o agentes de una corporación para que estos se
sientan estimulados hacia el logro de ganancias para la empresa pero que, en la
práctica, lo que hacen es desviar y hasta corromper los objetivos y la misión
de la organización. Pongo un ejemplo
reciente que cogió primeras planas en todos los diarios del mundo: el affaire
de la Volkswagen y sus motores diésel.
Dentro de la “visión” de la compañía están: mejorar la satisfacción de
sus clientes, disminuir la contaminación ambiental, decir siempre la
verdad. ¿Pero qué pasó? Que varios ejecutivos de la más alta
gerencia, buscando su propio provecho y para obtener mayores bonos de los que
se conceden por incrementos en las ventas —a sabiendas de que mentían, porque
los resultados de las pruebas hechas en sus laboratorios decían lo contrario—
presentaron al público vehículos que supuestamente contaminaban menos que los
de la competencia. El aumento en las
ventas y en los jugosos bonos duraron hasta que un oscuro profesor
universitario demostró que los números reales eran muy diferentes al operar los
autos en las carreteras. ¡El escándalo
planetario! La imagen de Volkswagen, a
nivel mundial, por el suelo. Y en su
caída, arrastró la fama de Alemania como proveedora de bienes y servicios de
calidad excelsa.
Álvaro
García, un querido amigo que vive en otro país y a quien no veo desde hace unos
12-14 años, me proporcionó un par de ejemplos más. Uno: en algunos países (entre los cuales,
sospecho, está el mío), los médicos se han puesto de acuerdo —entre ellos y con
compañías proveedoras de fármacos y reactivos— para recetar y ordenar más
medicinas, consultas con especialistas y exámenes que no son esenciales o
necesarios para mejorar la salud del paciente.
Ese “incentivo financiero” lo pagamos todos quienes debemos acudir a
centros de atención médica. Dos: ciertos
banqueros de inversión incitan a sus clientes a adquirir instrumentos que
ofrecen grandes retornos; lo que no les informan es los altos riesgos
implícitos ni la renta que debieran producir mes a mes para poder pagar las
cuotas de su inversión. Al final, los
banqueros se quedan con los bonos logrados por la venta, y los clientes con las
pérdidas. La crisis española se debió,
en mucho, a lo que se llamó “la burbuja inmobiliaria”. Y, por eso, los cientos de lanzamientos de
apartamentos a la semana que le amargan la vida a muchas familias en la
península.
Ahora
retomo yo para comentar algunas de las muchas sinvergüenzuras que se hacen en
esta sufrida tierra que fue “de Gracia”, según Colón. Todas, generadas por el régimen y sus
cómplices en la Sala Inconstitucional.
Todas, originadas en ese perverso afán de ganancia rápida, vía
comisiones y chanchullos, y que son sustentadas por descaradas mentiras,
abundantes promesas para los pocos que todavía les creen y desembozadas
amenazas en contra de quienes estén en la posibilidad de desenmascararlos.
La
primera insensatez que reseño es, quizás, la menos importante, pero es la más
reciente: es eso de que —si queremos ingerir proteínas— deberíamos criar cerdos
en nuestras casas. Incentivo por demás
perverso porque eso va en contra de la salubridad y choca de frente contra uno
de los grandes objetivos nacionales especificados en el Preámbulo de la “mejor
Constitución del mundo”: “el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos
ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”. Afortunadamente, no se logrará porque su
implementación resultará tan insubstancial los fulanos huertos urbanos. Además, no son muchos los poseedores de
viviendas con patios traseros que pudiera ser convertidos en chiqueros. El grueso de la población vive apretujado en
viviendas muy humildes y sin separación con las vecinas; y otro trozo muy
grande de los citadinos vivimos en apartamentos. Pero el boca-aguá mayor necesitaba continuar
con su populismo ramplón…
Otra
muestra de incentivo perverso sucedió cuando el imputrescible —repito, los
taxidermistas italianos saben su oficio— prohibió la pesca de arrastre en
nuestras costas. Cosa que era necesaria
y que hasta yo aplaudí. Aunque hubiese
bastado hacer cumplir enérgicamente la ley de la materia y obligar a los
pescadores, velis nolis, a faenar
lejos de la línea costera. Tal medida se
le vendió a la población alegando que, además de dañar los fondos marinos, los
camarones no eran esenciales en la dieta popular y solo lo comían los
oligarcas. La verdad quedó diáfana a los
pocos días, cuando el mismo sujeto firmó un decreto que autorizaba al ministro
del ramo a comprarle a su panita y copartidario —y chulo y pederasta— Daniel
Ortega abundantes toneladas del crustáceo.
Lo que se buscaba era el lucro para funcionarios de ambos países.
Como
se me acaba el espacio, dejaré para otra oportunidad lo referido a los dineros
recibidos de China y que han sido justificados como beneficios y obras para el
poeeeblo meeesmo pero que han caído en el pozo hondo y oscuro de la excesiva
discrecionalidad de sus “administradores”.
Baste recordar lo que ha caracterizado a la robolución:” la pedidera de
préstamos para —además de rapiñarlos— ejecutar acciones que los hagan quedar
bien a los ojos de la masa, sin importar las malas consecuencias financieras
posteriores. Y dirán ellos: —En fin de
cuentas, cuando suceda, ya estaremos disfrutando nuestros “ingresos” en un país
que, además de ser un paraíso fiscal, no tenga tratado de extradición…”
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