Bolívar, Corrupción y Legislación Por Douglas Zabala

 Bolívar, Corrupción y Legislación

Por Douglas Zabala

El 12 de enero de 1824, Simón Bolívar, decreta la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí parte de los fondos de la nación; de manera que esa manía de engolillarse lo dineros del Estado, desde inicios de la república, ha entrado como rio en Conuco por todos los recovecos de la administración pública, hasta el día de hoy cuando amenaza con destruir los cimientos mismo de la patria.  De nada valió aquellos gritos de un Aristóbulo en el Parlamento cuarto republicano, recordando que la corrupción no prescribía y los de Chávez alardeando de un implacable Poder Moral. Todo ha sido una gran traición al incorruptible libertador.

Estamos a pocos días del cambio deseado y esperado.  La nueva mayoría parlamentaria, que de acuerdo a todas las encuestas y el sentir de los venezolanos, estará conformada por la gran alianza opositora, tendrá el reto de reivindicar el pensamiento de nuestro traicionado incorruptible, en cuanto a la ética y la moral pública.  Para ello los hoy candidatos y futuros diputados han propuesto como primera medida, someter a discusión la Ley de Repatriación de Capitales Corruptos; una vez que el patrimonio de la República se ha visto severamente afectado por prácticas que implican la comisión de delitos por parte de funcionario públicos y particulares.

Esta Ley de Repatriación de Capitales Corruptos, tendrá como objetivo fundamental establecer los mecanismos de enlace internacional para obtener información y medidas de cooperación, que permitan rastrear los capitales objeto de delitos contra el patrimonio del Estado, a los fines de ejecutar medidas para su incautación y repatriación previa orden de los tribunales venezolanos.  La peor afrenta al gran americano desde su partida, ha sido la llegada de este atajo de funcionarios del siglo XXI, quienes a nombre de un bolivarianismo ramplón, decidieron tomar por asalto el erario público, tirando a la basura todo el  legado histórico del decreto de pena capital para los corruptos.

A la sombra del misterio no trabaja sino el crimen, solía decir el gran caraqueño. De allí que la próxima Asamblea Nacional, tendrá como tarea impostergable, promover para su posterior aprobación, laLey de Transparencia en los Procesos de Contrataciones Públicas.  Esta iniciativa que forma parte de la oferta legislativa estudiada por el cuerpo de asesores de esta campaña, tiene la finalidad de incrementar la eficiencia en el sistema de contratación pública, en un momento en el que se requiere la recuperación de la infraestructura nacional, eso sí, eliminando la posibilidad de la contratación directa y sustituyéndola con otros mecanismos de mayor transparencia.

Teniendo Presente: 1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;  2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y Decreto: Artículo 1°–Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.  Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.

Es evidente que no estamos en el siglo XIX, y por razones constitucionales no podemos aplicar el decreto de marras, emitido por el Libertador desde el Palacio Dictatorial de Lima, pero es lo que provoca imponer en la futura legislación venezolana, para salir de una vez y para siempre con tanto civil y militarote bandido, que a nombre de Bolívar han hecho de Venezuela el paraíso de la corrupción, el cohecho y la venalidad pública, para vergüenza de sus ciudadanos y asombro de nuestros vecinos en el mundo.  Este es el reto y de seguro nuestros futuros diputados, impondrán medidas severas contra la corrupción, en la futura legislación libre, democrática y decente.