El inhabilitado de Miraflores
Por Douglas Zabala
Desde aquella
mala hora cuando el comandante eterno, nos anunciara que su opinión
firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, era dejarle a
sus seguidores la responsabilidad de elegir a Nicolás Maduro, como
presidente, siempre tuve el pálpito que sería peor el remedio que la
enfermedad. Ver ahora la patria que herida de muerte está, por
la mala conducción, de quien en verdad nunca estuvo habilitado,
para la difícil tarea de manejar un país, que desde los días azarosos del
27 y 4 de febrero se ha desplazado al borde del precipicio, me confirman
mis viejos temores.
Habilitados
para meterle la mano en el bolsillo a nuestra Venezuela, si han
sido nuestros funcionarios bolivarianos. Y no es que quiera
quemarme las manos por nadie, pero tengo derecho a preguntarme a donde
fueron a parar las investigaciones sobre las más de 120.000
toneladas de alimentos descompuestos en el 2010. Acción criminal esta
que recayó sobre una cadena de funcionarios, que importaron comida con dólares
preferenciales, para dejarla pagando flete en los puertos del país. A
cuanto de estos administradores de la cosa pública, se les impuso una medida
como la aplicada a María Corina Machado, Enzo Scarano o Daniel Ceballo.
Pudiera pasar
todo el día mencionando los casos de corrupción denunciados por distintos
venezolanos, de la oposición y de actores honestos del oficialismo, pero en lo
absoluto encontraríamos medidas punitivas contra los ladrones del erario
público. Antonini Wilson, Rafael Ramírez y el mismísimo Diosdado Cabello,
son muestras más que suficientes de la impunidad con la que actúan quienes han
tomado en nombre de la revolución al Estado por asalto. Esto
sin contar la desfachatez, hecha moral pública, en la exoneración de la
descongelada ex Ministra Eugenia Sader.
Los
funcionarios y empleados públicos deben administrar y custodiar el patrimonio
público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización
de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de la manera
prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes. Este precepto establecido en la Ley Contra la Corrupción, al igual que
el resto del articulado, para nada establece que sólo será aplicado a los
funcionarios que no comulguen con el gobierno, así como tampoco señala que las
medidas sancionatorias, cuando se ejecuten, tengan por norte la retaliación o
persecución política.
Un fantasma
recorre los pasillos y despachos de la Contraloría General de la
República. A Manuel Galindo Ballestero, quien por cierto nunca ha abierto
la boca para opinar sobre las denuncias de corrupción hechas por Giordani y
toda la gente de Marea Socialista, pareciera que se le ha incorporado el
maléfico duendecillo de Clodosbaldo Russian. En menos de lo que canta un
gallo, ha inhabilitado cuatro dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática.
Por no dejar el nuevo sancionado es Pablo Pérez, dejando así fuera
de combate a los dos líderes principales de la oposición en el Zulia y en Un
Nuevo Tiempo.
Esta nueva
razzia contralora de hecho es un duro golpe a los sectores democráticos, que
pujan por un cambio en la correlación de fuerzas políticas, en el seno de la
futura Asamblea Nacional. Sólo el tiempo y la misma sociedad dirá quien
se impondrá el 6 de diciembre. Mientras tanto, ya Jesús Chúo Torrealba,
informó que denunciarán la situación en instancias internacionales y que
también lo harán en las calles de Venezuela. Ojalá que las denuncias
lleguen al sentimiento popular y hagan de quién está detrás de estas
inhabilitaciones, al primer inhabilitado de Miraflores en este siglo XXI.
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