¿QUÉ PASÓ CON EL PODER CIUDADANO?

¿QUÉ PASÓ CON EL PODER CIUDADANO? 

En teoría, el mandato de la fiscal Luisa Ortega, la defensora Gabriela Ramírez y el contralor Clodosbaldo Russián (suplido desde su muerte en 2011 por Adelina González) terminaría el 7 de diciembre próximo, pero todo indica que la renovación del Poder Ciudadano, al igual que el Judicial y el Electoral, no se hará de acuerdo con el mandato constitucional sino de acuerdo con los tiempos políticos del partido de gobierno. La Constitución establece que la renovación de los 3 altos funcionarios, estará a cargo de un comité de evaluación de postulaciones de la sociedad civil que será convocado 60 días antes del vencimiento de los períodos respectivos; en este caso debió convocarse a comienzos de octubre. Ese comité recibe las credenciales de los aspirantes, preselecciona y envía una lista a la Asamblea Nacional para que esta escoja a los más aptos, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. La carta magna estipula también que si el Consejo Moral no convoca al comité, corresponderá a la Asamblea hacer la designación; y que si no se logra acuerdo en el Parlamento, la lista de candidatos se somete a referéndum popular. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano (artículo 23) precisa que en caso de que no se hubiera convocado al comité de postulaciones, “la Asamblea Nacional procederá a la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano en un tiempo no mayor de treinta (30) días continuos”. Más allá del tiempo máximo para hacer los nombramientos, ni la ley ni la carta magna explican el mecanismo para la escogencia en el Parlamento por lo que corresponderá a la junta directiva, en manos del PSUV, establecer las normas que lo regirán. ¡En pocas palabras: Sabrá Pepe!