Un tema militar-contencioso y una ñapa
Humberto Seijas Pittaluga
Si
el cronograma de trapacerías judiciales del régimen se cumple, el día 30 de
abril, quien fuera ministro de Defensa y otros tres generales con mando durante
los hechos de febrero del 89 deberían estar pasando por las horcas caudinas
clavadas por unos jueces de los que vociferan “¡Uh, ah!”. Hechos de los cuales —si hubiese árbitros y
fiscales de verdad en este caso— no puede imputarse, y menos culpar, a los
enjuiciados. Primero, porque, si no hay
autores materiales encausados, ¿cómo se va a imputar a nadie autoría
intelectual? Segundo, porque el hecho de
que se esté en el tope de la cadena de
mando no implica que esos oficiales pudieran tener el control sobre el terreno
de las operaciones de las unidades desperdigadas por toda Caracas. La doctrina militar propone: “planificación
centralizada, ejecución descentralizada”.
Entonces, si hubo desmanes a nivel de algunos pelotones y compañías,
quienes debieran responder de los delitos serían los comandantes de esos
niveles. Pero contra ellos no se acciona
—a pesar de saberse quiénes eran-—, porque hoy muchos de ellos son grandes
capitostes del régimen. Tercero, porque
los delitos que pudieron haberse cometido ya están prescritos de acuerdo a las
leyes vigentes en ese momento. No
importa cuánto se enronquezca Luisa Ortega alegando: “¡Lesa humanidad!”. El Estatuto de Roma, la norma internacional
que crea ese tipo de crímenes, fue promulgado en 1998, casi diez años después de los hechos; y la
Constitución nuestra los menciona solo posteriormente —como corresponde— en
1999.
El
amañado juicio —más bien circo romano, con leones come-cristianos y todo, para
entretener a las masas hambrientas— no ha de trastocar la realidad
histórica. Hay que entenderlo como una
emboscada más que unos guerrilleros comunistas montan, igualito que en los
sesenta, contra unos soldados venezolanos.
Y hasta con los mismos actores.
Solo que ahora los irregulares se hacen pasar por demócratas, aunque
siguen obedeciendo a pies juntillas las órdenes que les mandan desde Cuba. Y una diferencia más: los guerrilleros de
otrora ya no comen sardinas en el monte, sino caviar y salmón en Miraflores…
Reitero
hoy algo que ya dije en febrero pasado: “Conozco y soy amigo de los generales a
los que se les abre un juicio —Ítalo Alliegro, León Orsoni, Maya Cardona y
Fuentes Serra—; me consta que son personas ilustradas, pundonorosas, de un alto
nivel moral, que tienen muy claro el concepto de lo que es debido y a quienes,
si estuviéramos en un Estado de Derecho, no se les pudiera imputar por delitos
cometidos por otros, que estaban a kilómetros de ellos y que no actuaban bajo
sus órdenes directas”. De ser así, con
más razón habría que abrírselo a la actual MinPoPoDef y demás altos mandos por
la matazón de gente que ha ocurrido, a manos de subalternos suyos durante las
protestas actuales. Es por aquello de
que “lo que es bueno para la pava…”
No
sería ni malo abrirles, además, otro juicio —este, militar— por la
bastardización de los símbolos institucionales.
Sin mirar para los lados, y sin consultar con los que saben, de repente,
modificaron el escudo del MinPoPoDef.
Ahora, en vez de los cuatro cuarteles —cada uno con alegorías a las
cuatro fuerzas armadas constitucionales—
nos encontramos con uno de cinco, para acuñar a los trancazos a la
inconstitucional milicia. Ya, por eso
solo —por ser inconstitucional—no debería aparecer. Pero es que tampoco está bajo el control de
la almiranta (y digo bien: fue mujer de un almirante). A la fulana milicia —como fue diseñada como
una guardia de corps y una chambita para sus copartidarios—, el difunto muerto
que falleció la asignó a la presidencia, no a la Fuerza Armada. ¿Entonces, qué hace ahí en el escudo?
Ñapa matabúrrica
Tengo
una duda: o Arcadio Delgado y sus secuaces en la Sala Constitucional desconocen
que no se requiere —en parte alguna del globo— una autorización oficial para
hacer uso de un derecho, por aquello de qui
iure suo utitur, nemini iniuriam facit, o su sectarismo se encaballa sobre
lo que saben de derecho y los hace redactar bodrios como el más reciente. De lo que sí estoy seguro es que no es mucho
el dominio del idioma que tienen. En el
potingue que cometieron, emplearon varios términos indebidamente; empezando por
“detentar” —que es, según el mataburros: “ejercer ilegítimamente algún poder
o cargo”— y que emplean dos veces: cuando afirman que las policías municipales
“detentan una competencia” y cuando definen a “la manifestación (…) como uno de
los derechos (…) que detentan los ciudadanos”. Luego dicen que esa sala es “el
máximo intérprete (…) para proferir (…) interpretaciones” sobre los principios
constitucionales. ¡Por Dios, proferir se refiere solo asuntos verbales! Y las interpretaciones que hace ese combo son
entregadas por escrito. Y, por último,
afirma que el accionante, asistido por Escarrá, “el malo” —no porque haya
habido uno bueno, sino porque el otro, el muerto, era “el peor”—, “ostenta como Alcalde del Municipio
Guacara”. Lo cual es cierto —me consta—,
pero en muy feo que en un documento oficial se afirme que ese señor “hace gala de
lucimiento y boato”. Sobre todo porque
el tipo se las echa de revolucionario…
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