MAYOR INCLUSIÓN PARA DISCAPACITADOS. Voceros de
organizaciones no gubernamentales consideran que aunque Venezuela firmó
la adhesión a la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, instrumento establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
que entró en vigencia en 2008, las políticas
públicas y la legislación deben adecuarse a
los principios del protocolo, por lo que aún falta mucho por hacer. Más
allá del documento, la cotidianidad exige la adecuación de los sistemas de transporte público, de
edificios e infraestructuras, dotación de herramientas diversas para espacios
de trabajo y educativos (visuales, auditivas), campañas y programas de
formación; no solo para la persona con discapacidad, también para sus núcleos
familiares o de asistencia, inclusión en el sistema escolar, por mencionar
algunas acciones de políticas públicas. A pesar de las dificultades en la
implementación observadas hasta ahora, el presidente del Instituto para la Formación de Recursos Humanos para la
Discapacidad (Idis), Carlos Hernández Castillo, considera
que la adhesión puede servir "para acelerar cierta justicia a una
población muy desamparada.
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