Columna de Pablo Aure.

¡Hasta cuándo!

Licencia para matar

Anderson Oliveros, estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo, celebraba sus 20 años cuando un francotirador adscrito a la 41 Brigada Blindada lo asesinó. 

Los hechos fueron como a continuación relataré: Anderson estaba de cumpleaños y en su honor se realizaba una pequeña reunión en su residencia. Él vivía en la parroquia Santa Rosa de acá de Valencia muy cerca del módulo 810. Pasada la media noche, en compañía de Moises y Katy, Anderson le pidió prestado a su hermano un vehículo para llevar a una amiga a casa. Ya de regreso, a seis cuadras de su hogar, para comerse la torta de piña que sus familiares le habían preparado, un convoy del Ejército apareció de repente en una esquina y Anderson, para esquivarlo, giró el carro para evitar chocar con los efectivos militares, quienes supuestamente cumplían labores de vigilancia de acuerdo con lo diseñado con el Plan “Patria Segura” del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores. 

Pues bien, sin mediar voz de alto, ni alerta para detener a Anderson, los militares desde el mismo vehículo que los transportaban, dispararon arteramente hacia el lugar del conductor. Dos disparos impactaron a Anderson, ambos en lugares vitales, aunque uno solo fue letal. 

Luego de la brutal acción ejecutada por los efectivos militares, éstos se bajan de su vehículo a recoger las conchas de los proyectiles disparados, para “limpiar” el sitio del crimen. Van hacia el carro donde se desplazaba Anderson y al abrir la puerta del chofer para sacar el cuerpo inerte, se percatan de que Anderson no andaba solo (el carro tenía vidrios con papel oscuro), pues lo acompañaban dos amigos: Moisés y Katy. El primero abrazaba el cadáver de Anderson desesperadamente, porque la intención de los militares era llevarse a la víctima; y Katy corría hacia el convoy militar para impedir que se fugaran. Así como se los escribo: los militares pensaban abandonar la escena del crimen, pero la valentía y el arrojo de Katy lo impidió. A todas estas, Moisés llamaba a sus compañeros que se encontraban en la reunión familiar y daba gritos para alertar a los vecinos, los cuales cercaron a los militares evitando el escape. 

¿Para esto los entrenamos?

La gran crítica al Plan “Patria Segura”, antes y después de su instauración, versaba sobre el peligro de dejar que una fuerza entrenada para la guerra se destinara al resguardo de la población civil, pues la actividad policial no debe ni puede caer en la fuerza letal sino en el más extremo de los casos. 

Hace pocas semanas el país se estremeció con la muerte, en el estado Falcón, de Luimina Pacheco y sus hijas, a manos de guardias nacionales, quienes fueron excusados por el gobierno diciendo que no eran miembros del Plan “Patria Segura” sino que se encontraban en persecución de un criminal (lo que nos lleva a preguntarnos qué hacían entonces estos Guardias Nacionales fuera del Cuartel, practicando labores que no les corresponden si no son parte del Plan). El punto es que en ese momento se dijo lo siguiente: “Los efectivos no están entrenados para la actividad policial. Su entrenamiento es para la guerra.” 

Pero, ¡hasta en la guerra hay honor y hay reglas! De ahí a que existe tal cosa como crímenes de guerra. Ya es preocupante que se diera un solo caso de violencia por parte de la GNB en cumplimiento de este Plan, pero la muerte de Anderson no es ni el primer, ni el segundo caso. Ya no es casualidad, es un patrón, y nos debe llamar a preguntarnos cómo están entrenando a nuestros funcionarios militares que hacen labores en contacto con la ciudadanía: parece que existen demasiados gatillos alegres en sus filas, algo indicativo de una falta grave de valores en las fuerzas castrenses. 

Desde los más altos niveles bajan excusas. Desde ministros a generales se dan palmaditas en sus hombros felicitándose por el funcionamiento del Plan, resistiéndose a hacerle cualquier crítica. No pueden, ni van a criticar el Plan, pues hacerlo pondría en entredicho las bondades de la revolución que claramente sirven. 

Cada vez que muere un civil, inmediatamente nos aseguran que los guardias nacionales implicados serán investigados e irán presos, pero consecutivamente se apuran a recordarnos que el Plan ha “disminuido la delincuencia.” Algo así como decir “¡Bueno, pero por lo menos los muertos sirvieron para algo! ¡No se quejen!” No hay otra explicación para tal compulsión de exaltar el “lado positivo” de esta operación sino el mantener su efecto propagandístico. 

En fin, la Patria está segura: segura de que hay que temerle a la FANB más que a los malandros. Por lo menos un delincuente te mata porque quiere algo. La FANB te mata porque para eso está entrenada. 

Macabra práctica

Personas muy ligadas al ejército inmediatamente me informaron su descontento, angustia e impotencia por lo que viene sucediendo  con la utilización de los militares en el Plan Patria Segura, pues ellos saben, que esa no es función militar sino estrictamente civil como lo establece el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “...Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna...”. 

Hoy, nuevamente debemos insistir en ello, ahora no solo involucran a la Guardia Nacional, sino al ejército, y en este caso a un pelotón de francotiradores, que están entrenados para dar en el blanco, por eso la puntería hacia la cabeza, al parecer dos de los seis sargentos dispararon ambos fueron precisos uno le rozó en el cuello y otro en la cabeza. 

Los francotiradores, pueden ser utilizados para labores de rescate, en situaciones de rehenes o de protección a personalidades, pero no para labores de patrullaje o alcabalas. Aquí no estábamos en presencia de ninguna de estas circunstancias; al contrario, nos parece una especie de macabra diversión la que ejecutaron estos efectivos militares, con la sorpresa para ellos que no se percataron que era más de un ocupante los que iban en el Ford Fiesta conducido por el bachiller Oliveros. 

Asombrosa pasividad

Hay algo que me preocupa sumamente, y es la pasividad de la población para repudiar estos crímenes. Lo digo desde el corazón, porque no es la primera vez que los militares asesinan a ciudadanos inocentes. No pareciera ser casual, al contrario, pudiéramos pensar que es algo deliberado sacar a los militares no preparados para la prevención del delito, sino para enfrentamientos armados, y sembrar el terror y acostumbrar a la población del peligro de andar por las calles. Si no te mata el hampa común lo hace la uniformada, en este caso con licencia para matar: esos militares que se han declarado por voz de sus capitostes como revolucionarios y antiimperialistas, cuando todos sabemos que en los altos jerarcas no hay ideología sino un anhelo desmedido por mantenerse en el poder a fuerza de terror para seguir abultando sus enormes fortunas. 

Debemos reaccionar. Esto no es asunto de un alcalde, del Presidente o de los diputados o de los concejales; somos todos, no esperar que nos suceda a nosotros para rebelarnos. El momento es ya, lamento que muchos descuiden el día a día por aspiraciones electorales, entiendo que son necesarias, pero la pelea no pude ser intermitente solo en procesos electorales. Nuestra lucha debe ser permanente y no pensar solo en un día de elecciones, ni siquiera en el candidato de nuestra preferencia sino en la Venezuela, el estado, el municipio, el barrio o la calle en la cual queremos vivir, que no esté signada por los asesinatos constantes. Dizque protegida por funcionarios cuya misión es exterminar al sospechoso. 

Delincuentes de verde oliva

Hace pocos días y en presencia de Nicolás Maduro, casi cien “colectivos” de la populosa parroquia 23 de Enero de Caracas entregaron sus armas. En total, según reseñaron los medios de comunicación, fueron destruidas 100 armas pertenecientes a 97 grupos irregulares que operan como brazo armado de la “revolución”. 

Ese acto de “desprendimiento” del armamento, no es otra cosa que una farsa gubernamental, la cual tiene como objetivo dos elementos fundamentales: hacer creer que se lucha contra la delincuencia y al mismo tiempo demostrar que los grupos armados están con el gobierno para seguir causando pánico y de ese modo, inmovilizar a la población decente. 

Lo pernicioso de tal desprendimiento fue que el propio Jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada ofreció a los colectivos que los integraría a la milicia. Quiere decir esto, que el Estado le ha dado legalidad y autoridad a grupos irregulares armados, que existen en diversos lugares del país, especialmente en Caracas, todos con amplísimo prontuario, los cuales ejercen en sus comunidades un control informal al margen del Estado, hasta este momento. 

Con ese “desarme” o “entrega voluntaria de sus armas”, quedó demostrado que esos grupos contaban y cuentan con el respaldo del Gobierno Nacional. Son paramilitares al servicio con el total apoyo estatal, que ahora serán militares (milicianos) con autoridad para ejercer las funciones propias de quienes deben defender la república. Es Venezuela en manos de los forajidos. 

Nadie investigó a los que dicen que entregaron las armas, les perdonaron sus delitos, los legitimaron ante el país y los incorporaron a la Fuerza Armada venezolana. Los delincuentes armados se visten de verde oliva por orden del Presidente. 

@pabloaure