COLUMNA DE MARCOS MELÉNDEZ.
LA CORRUPCIÓN NO SE COMBATE CON LEYES
Una vez en 1985, le preguntaron a José Ignacio Cabrujas
sobre la normativa legal vigente en el gobierno de Jaime Lusinchi. Contestó (palabras más palabras
menos) que las normas legales en Venezuela eran cortoplacistas y que se
parecían más bien a las normas de un hotel “se prohíben los perros, no comer en
las habitaciones, debe desocupar a las 12:00, eche la menor vaina posible”. Con
ese comentario, Cabrujas daba a entender que las normativas jurídicas de la
cuarta República eran destinadas a alguien que se alojaba en un sitio, mas no
vivía en él; es decir, que para el gobierno de Lusinchi, Venezuela era un gran
hotel, donde el regente (gobierno) ponía las normas para que el inquilino
(pueblo) las acatara durante su permanencia.
La llegada de la del proceso Bolivariano que luego
decantó en anti imperialista y se declaro en 2007 como Bolivariano-Socialista,
sirvió para que se dejaran atrás las normativas “hoteleras” y se comenzara a
legislar en articulación con el pueblo, que, al fin y al cabo es el que padece
las leyes. Fue así como Venezuela se dio para sí una constitución discutida por
representantes electos por la base popular y que luego de su redacción fue
aprobada en referéndum, ejercicio democrático del más alto nivel sin
precedentes en la historia republicana.
Dando esa misma demostración de democracia, se funda el
Partido Socialista Unido de Venezuela y en el año 2008, como ejemplo de
soberanía y principios democráticos, el recién fundado partido realiza
elecciones internas para escoger los abanderados socialistas a las elecciones
de Gobernadores y Alcaldes, ejercicio que posteriormente se repitió con las
elecciones internas para elegir diputados a la Asamblea Nacional. Nunca antes,
un partido había llegado a tales niveles de participación y democracia. La
razón de esto era precisamente ser consecuentes con el primer plan socialista
de la Nación que tenía entre sus principales postulados la superación de la
ética del capital, sustituyéndola por una ética socialista, la superación de la
miseria y el desarrollo real de una democracia participativa y protagónica.
El primer plan socialista, no era un ejercicio
legislativo, mucho menos jurídico. Era el diseño de una política, el registro
de un conjunto de actividades para la prosecución de esos grandes fines. La
miseria material se superó haciendo viviendas, construyendo redes de
distribución de alimentos, creando una red de salud primaria, y la miseria
espiritual se abordó ampliando la red educativa con un plan que tocó desde la
alfabetización hasta el significativo aumento de la matrícula universitaria. No
eran decisiones jurídicas ni burocráticas, eran acciones concretas, coherentes
con el plan y los objetivos planteados en el.
Nuestro segundo plan, que es la herramienta sistematizada
de accionar político que nos dejó el comandante supremo como bitácora para los
próximos años, tiene como principales
postulados, alcanzar la independencia, tecnológica, alimentaria y financiera,
tomando como punto de partida la utilización de los recursos petroleros para
tal fin.
A este importante propósito se le ha presentado un
enemigo poderoso por medio del cual actúa el imperialismo capitalista: La
corrupción.
La corrupción no es otra cosa que la desviación de los
fines del Estado, la perversión del plan con fines individualistas, la
desviación de recursos, herramientas o informaciones, para la acumulación de
capital, para el enriquecimiento ilícito o para el tráfico de influencias; es
decir, la putrefacción de la moral política.
Con el fin de legislar la producción de sanciones más
severas contra los funcionarios y funcionarias públicas que incurran en este
fenómeno, el Presidente Maduro ha solicitado poderes habilitantes. Acción que
nos parece necesaria y que todo revolucionario debe apoyar. A pesar de estar
totalmente de acuerdo con la habilitante y con endurecer las sanciones para los
corruptos, no creo que la solución a la corrupción sea por la vía jurídica,
pues el corrupto cuando está en el poder, se cuida y es un experto en la
legitimación jurídica de sus desviaciones morales. La legislación en materia de
la lucha contra la corrupción es necesaria, pero no es la “cura” para ese mal;
en todo caso, es un paliativo.
La corrupción se elimina con niveles reales de
participación ciudadana en los asuntos públicos, disminuyendo el tamaño del
Estado tradicional a través de hacer
crecer el poder del nuevo Estado, el Estado Comunal. Es el auto gobierno el que
va a poder dar golpes certeros a la corrupción, pues está comprobado que el
pueblo no se roba a sí mismo, cuando administra recursos para resolver
problemas que le afectan directamente en su entorno. Si a un grupo de vecinos
que está nadando en aguas servidas se le asignan recursos financieros y
tecnología para que instale o repare el sistema de drenajes, difícilmente usará
ese dinero para otras cosas, y si hubiere alguien que tratara de hacerlo, sus
vecinos podrán tener acciones de control inmediato para corregir esas
desviaciones.
El combate a la corrupción es similar a la recolección de
basura (la corrupción es podredumbre igual que la basura) cada vez se produce
más basura y las soluciones. Ahora bien, si se decide atacar ese problema, debe
abordarse desde el origen y tomar decisiones como permitir que se cobre la
bolsa plástica en el supermercado, obligar el uso de bolsa reciclable, obligar
a los empresarios de la industria de bebidas a usar la botella retornable,
producir tecnología de esterilizadores para tazas y vasos en restaurantes y
hoteles de manera que no se use el vaso plástico; es decir, atacar la
generación de basura desde su origen. Con la corrupción ocurre igual, el origen
de la corrupción es la oportunidad que tiene el funcionario de corromperse,
oportunidad que se lesiona severamente cuando es el pueblo quien se auto
gobierna.
Marcos Meléndez
@marcosmelendezm
marcosleonardove@yahoo.com
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